CONTRATOS SUSCRITOS POR ANDRÉS ASTACIO OBLIGAN A EDES A PAGAR AL MENOS CINCO MILLONES DE DÓLARES Y HASTA TRES MIL MILLONES DE PESOS RD$3,000,000,000.00 EN VIOLACIÓN DE LA LEY 340-06.

CONTRATOS SUSCRITOS POR ANDRÉS ASTACIO OBLIGAN A EDES A PAGAR AL MENOS CINCO MILLONES DE DÓLARES Y HASTA TRES MIL MILLONES DE PESOS RD$3,000,000,000.00 EN VIOLACIÓN DE LA LEY 340-06.
En caso de rescisión o si son vendidas las EDES tendrán que pagar totalidad a abogados contratados.

Santo Domingo-RD. - La Fundación Primero Justicia denunció que el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Andrés Astacio, suscribió contratos, mediante los cuales EDESUR, ENEDNORTE Y EDESTE, tendrán que pagar a cinco oficinas de abogados, vinculadas al anterior gobierno, la friolera de US$6,915,000.00, y hasta la suma RD$3,000,000,000.00, equivalentes al 6% del monto recuperado, partiendo de los daños, estimados en RD$50,000 millones de pesos.

Expresa la entidad que de conformidad con el articulo 4to, del referido contrato, las firmas de abogados beneficiarias de dicha transacción son Valerio Jiminian Roa, representada por Miguel Valerio; Jiménez Peña, S.A.S., representada por Luis Julio Jiménez.

También, SDHH Consultores, SRL, representada por Armando Paino Henríquez; Gestleg, SRL, representada por José Figueroa Guilamo; y Ramón Emilio Núñez; quienes recibirán la suma US$125,000.00, para cada firma de abogados, igual a US$625,000.00, mas US$14,000.00 dólares mensuales, para cada firma de abogados, igual a US$70,000.00, durante 24 meses, lo que equivale a la suma de US$1,680,000.00.

Las tres EDES, tendrían que pagar la suma de dólares, equivalentes a RD$394,155,000.00; pagos acordados en plena austeridad en perjuicio de esas empresas con supuesto problemas de liquidez, y en violación de la Ley 340-06, tal y como lo confirmó la resolución No. RIC-69-2021, de fecha 24 de marzo del 2021, emitida por Compras y Contrataciones.

Miguel Surun Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia, afirmo que las contrataciones públicas realizadas en violación de la ley 340-06, constituyen el “modus operandi” de las organizaciones criminales dedicadas a la sustracción de fondos públicos.

Califico como sospechoso el hecho que   se suscribieran contratos en moneda extrajera, cuando dicha practica fue prohibida, con el agravante que los referidos contratos contemplan compromisos de pago no autorizados por los consejos de administración, como es el 6% del monto recuperado, y su liquidación sobre el valor de los bienes incautados o embargados, en caso de terminación contractual o en caso de venta de las EDES.

En ese sentido, la Fundación Primero Justicia solcito la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones para que sean dejado sin efecto esos contratos fraudulentos.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES